Por Carlos Clemente
La ejecución de 10 personas en Atlixco -7 hombres y 3 mujeres, entre ellas una menor de 15 años- desnudó la fallida estrategia del gobierno del estado y los municipios contra de la delincuencia.
La narrativa de las autoridades al justificar la tragedia y minimizar los hechos cuando afirman que “no eran poblanos, eran narcomenudistas que tuvieron un ajuste de cuentas”, sólo busca esconder su incapacidad y exculparse del ascendente clima de violencia e inseguridad en que está atrapado el estado.
Y es que, en el mapa de la inseguridad, los focos rojos se multiplican semana a semana, desde Izúcar, Atlixco, Ciudad Serdán (cinco ejecutados seis días antes), Tehuacán, Puebla y la zona conurbada (encobijado en la Resurrección y dos cuerpos en Jardines de la Montaña), Tecamachalco y prácticamente toda la geografía poblana.
El relanzamiento de la estrategia de combate a la delincuencia anunciado por el gobernador el pasado 28 de febrero, con helicóptero, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y corporaciones municipales, ha sido rebasada por la delincuencia en apenas una semana de ejecución.
¡Qué fiasco!
Este miércoles, Atlixco fue sitiado por las fuerzas del orden. Unidades del Ejército arribaron desde las 5 de la mañana, en los accesos se apostaron retenes con personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras el helicóptero sobrevoló por varias horas.
¡Puro show, señores!
De nada sirve tapar el pozo después de ahogado el niño.
Atlixco se volvió centro de operaciones del crimen organizado hace varios años, con el gobierno del panista Guillermo Velázquez las cosas escalaron a niveles alarmantes. La disputa por la plaza ha sido cruenta, múltiples ejecuciones dan cuenta de ello.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación cuentan con información de inteligencia que señala a las colonias del surponiente de la ciudad como Francisco I, Madero y Valle Sur (justamente donde se encuentra el regimiento militar) así como la Flores Magón, como zonas de elevado tráfico y distribución de drogas.
El gobernador y la presidenta municipal de Atlixco, saben desde hace mucho tiempo que en esos puntos opera la delincuencia, pero no actúan hasta que se desarrollan hechos de violencia como los ocurridos la noche del martes.
Vecinos relatan que la casa era conocida como punto de venta de drogas, que los ejecutados tenían tres meses de haber llegado a rentar provenientes de Veracruz, Morelos y Guerrero.
Testimonios aseguran que alrededor de las 8:30 de la noche del martes, sujetos a bordo de motocicletas llegaron al lugar, se presume eran conocidos porque los dejaron pasar con facilidad.
Una vez en la vivienda, activaron las armas de grueso calibre que portaban para arrebatar la vida de manera instantánea a 9 personas, hubo un sobreviviente apodado “El jarocho” quien murió horas más tarde en el hospital.
La colonia donde ocurrieron los hechos pertenece a un cinturón de pobreza y marginación, elementos que condimentan el surgimiento de la delincuencia y el crimen.
A una calle se ubica una escuela que vecinos llaman “Cartolandia”, por su precaria situación, donde estudian hijos de familias pertenecientes a población flotante, militares, comerciantes, gente de muy escasos recursos con historias desgarradoras, cuentan docentes.
Un lugar con las condiciones sociales y las circunstancias idóneas para la delincuencia.
No obstante, ante medios, la presidenta municipal Ariadna Ayala, minimizó la masacre ocurrida y aseguró que “no debe ser motivo de alarma”, que “la sociedad puede sentirse segura”.
¿Ella se siente segura? ¡Por favor!
Pero que podemos esperar, si en su mañanera el gobernador volvió con la cantaleta que ya causa hilaridad: “vamos a garantizar la seguridad de la gente”, y “no nos vamos a dejar rebasar por la delincuencia”.
Puebla está a nada de entidades como Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, que encabezan la lista de los estados más violentos del país. @DiarioReporter
