Por: Jesús Ramos
Tremendo trancazo le propinó el juez Roberto Yáñez Quiroz, de la Ciudad de México, al gobernador Miguel Barbosa para que devuelva las instalaciones de la UDLAP y retire de inmediato a la policía estatal que tiene secuestrada a la universidad desde junio pasado.
“El gobernador intentó apropiarse de patrimonio privado a través de litigantes sin escrúpulos”. Fuertes las acusaciones de la Fundación Mary Street Jenkins contra Barbosa y su propósito de hacerse del control de la universidad con la creación de un patronato espurio, pero también de los recursos económicos y materiales.
Con el ordenamiento del juez, Armando Ríos Piter deja de ser rector de la Universidad de las Américas y las decisiones gerenciales del patronato que le designó quedan sin efecto.
El episodio donde la policía estatal toma el campus universitario por la vía violenta, expulsa al personal administrativo, a Luis Ernesto Derbez e impide que los alumnos tomen clases presenciales, quedará grabado como la intromisión más grosera del Estado en una de las instituciones educativas de mayor reconocimiento nacional e internacional.
Como bien lo subraya la Fundación Jenkins, “el daño” que ocasionó Barbosa y su gobierno “es irreversible” tanto en el prestigio de la institución, como en lo económico y en lo material, pues muchos de los alumnos que pretendían inscribirse en la universidad decidieron optar por otras opciones o cambiar su matrícula a otro lado.
La reputación de la UDLAP fue socavada por el gobierno de Puebla desde que Barbosa se entrometió en el pleito familiar de los Jenkins, no teniendo nada qué hacer en la controversia que situó en el ojo del huracán al filántropo William Oscar Jenkins.
El ordenamiento del juez de la CDMX que debió ocupar las ocho columnas de la prensa local y la nota principal de los noticieros de radio y televisión, fue silenciado en algunos casos, y en otros disminuido de importancia, sin embargo, representa en los hechos un fuerte golpe al egocentrismo del mandatario.
Al enderezar las hostilidades del gobierno del estado contra la UDLAP, Barbosa opinaba y descalificaba al patronato original de los Jenkins por presuntos manejos indebidos de sus finanzas y bienes materiales, aunque conforme fue perdiendo terreno en lo jurídico, optó por el silencio estratégico.
No le será fácil al mandatario resignarse a su derrota. Sin embargo, resulta inevitable que el episodio que le incrimina en una universidad privada, le etiquete de villano en la historia de la UDLAP y otras más. @DiarioReport
