Por Héctor Llorame
Agua de Puebla se ha convertido en la bandera electoral en cada campaña, pues candidatas y candidatos recurren a la concesión del servicio para prometer que “ahora sí” será revocada, aunque en la práctica no hagan nada para lograrlo.
Así ocurrió en 2016, 2018, 2021 y en el actual proceso electoral de 2024, sin importar los partidos políticos, pues todos se cuelgan del tema debido a que afecta directamente a la población de Puebla capital y algunas colonias de Cholula, Amozoc y Cuautlancingo.
En septiembre de este año se cumplirán diez años desde que el gobierno de Rafael Moreno Valle concesionó el servicio a la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla), pero a pesar de la alternancia en los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la mayoría del Congreso del estado, no solo persiste la privatización, sino que se ha favorecido a la compañía.
El debate en torno al agua potable revivió debido a que este mes entró en vigor un alza en las tarifas del servicio, aunque apenas en febrero hubo una, con todo y las constantes quejas ciudadanas.
Los nuevos costos publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE) fueron criticados por el candidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, quien a través de redes sociales tachó de “cinismo” la medida.
En respuesta, dirigentes y candidatos de partidos de oposición le recordaron que el aumento de tarifas fue autorizado por el Congreso del estado en junio de 2022, al avalar la Estructura Tarifaria impulsada por el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y Agua de Puebla.
Esta estructura permite incrementar los costos cada tres meses, con base en el Índice Nacional de Precios (IPC) que emite el INEGI partiendo de la inflación.
Mientras tanto, aspirantes a diputaciones locales por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” prometen en la presente campaña retirar la concesión y critican la privatización del servicio, mientras que sus rivales de la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” (PAN-PRI-PRD-PSI) ofrecen también revisar el contrato.
Lo mismo los candidatos a la gubernatura, el morenista Alejandro Armenta Mier y el panista Eduardo Rivera Pérez, quienes han ofrecido analizar la continuidad de la concesión, sin comprometerse a revocarla.
