*Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM, sigue en el cargo, denuncian organizaciones de la sociedad civil.
Por Redacción
Al cumplirse un año de la tragedia, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a 40 víctimas mortales del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en lo que es calificado por organizaciones de la sociedad civil “uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante”.
Hasta el momento impera la “indolencia” y la “omisión” del Estado mexicano, especialmente del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las organizaciones, en un comunicado, sostuvieron que la tragedia no fue “un caso aislado”, sino un producto directo de la política de contención migratoria que se implementa en México.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 41 motines y cuatro incendios para protestar contra las “condiciones inhumanas” de detención en los centros del INM.
Este jueves 28 de marzo, se cumple un año del trágico hecho y es la fecha que la FGR ni el poder Judicial de la federación ha separado de su cargo a Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM para que “exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo”, y les pidieron que “dejen de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas”.
